POLÍTICA
El Gobierno vasco reabrió un concurso para recolocar a altos cargos a dos días del 1-M
El sindicato UGT pide paralizar el proceso destinado a cubrir plazas de funcionarios del máximo nivel
ALGUNOS ASPIRANTES
En activo
Gema González de Txabarri: Parlamentaria del PNV en la recién terminada legislatura.
Rodrigo García Azurmendi: Viceconsejero de Consumo.
Iñaki Calonge: Asesor de Función Pública.
José Andrés Blasco: Director de Recursos Humanos de Osakidetza.
Reinaldo Jayo: Jefe de la Delegación Territorial de Trabajo en Álava.
Manuel Valín: Asesor de Interior.
Javier Aguirre Orcajo: Asesor del departamento de Medio Ambiente.
José Ignacio Beristain: Director del Departamento de Economía y Planificación.
Ex dirigentes políticos
Juan José Aguirrezabala: Director de Innovación Educativa y número tres por las listas de EA en las elecciones del domingo.
Ángeles Iztueta: Ex consejera de Educación por EA.
Miren Nekane Aguirre: Ex viceconsejera de Educación con María Ángeles Iztueta.
Juan José Olabarria: Ex presidente del Consorcio de Aguas, ex concejal del PNV en Bilbao y ex coordinador de la Ertzaintza con las Policías locales.
Agustín Ugarte: Ex concejal del PNV en Mondragón.
El Gobierno vasco reabrió el pasado viernes, dos días antes de las elecciones autonómicas, un polémico concurso público destinado a «recolocar» a altos cargos del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe como funcionarios al más alto nivel. El proceso podría culminarse antes de la investidura del próximo lehendakari, justo cuando las alianzas post-electorales sitúan al socialista Patxi López como futuro inquilino de Ajuria Enea gracias al apoyo del Partido Popular.
La orden del Departamento de Hacienda, dirigido por la 'número dos' del Gabinete, Idoia Zenarruzabeitia, aparecía ayer publicada en el Boletín Oficial del País Vasco y vuelve a poner en marcha un proceso, reservado a funcionarios de carrera, que lleva en los juzgados desde noviembre de 2007. Entonces, los sindicatos UGT y LAB ya recurrieron varios apartados de ese concurso, en especial el que concedía a una entrevista personal con los aspirantes el 25% de la puntuación final. El resto de la valoración se sumaba a partir de una prueba escrita y de los méritos acreditados.
Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria estimó de forma parcial las impugnaciones de ambas centrales sindicales y exigió al Ejecutivo autónomo modificar las bases del concurso. La cuestión está ahora pendiente de resolución en el Tribunal Superior al entender los representantes de los trabajadores que se deben redactar unas nuevas bases. De hecho, UGT reconoció ayer mismo a EL CORREO que en los próximos días solicitará al TSJPV la suspensión cautelar de la decisión adoptada por el Gobierno de Lakua el pasado viernes. Los responsables de la Federación de Servicios Públicos consideran que, de seguir adelante antes de esperar a la sentencia firme que dicte el alto tribunal vasco, «sólo» se conseguirá cometer «un fraude procesal».
Recuerdan desde el sindicato, en este sentido, que el proceso para adjudicar las plazas está «bastante avanzado» -ya se han celebrado algunas de las pruebas de selección- y que las diferentes comisiones de valoración podrían retomar las deliberaciones de inmediato y «resolver» el procedimiento en unas «pocas» semanas, antes de que el Superior dé a conocer su dictamen y de una más que posible investidura de Patxi López. «Confiamos en que los miembros de las comisiones de valoración no caigan en la aberración de acatar esta orden, por las responsabilidades civiles y penales en las que podrían incurrir», advirtió ayer Javier González, de UGT.
Subir en el escalafón
La central cree que detrás de esta maniobra puede esconderse el intento de «recolocar» en el máximo nivel de la Administración a viceconsejeros, directores, asesores y cargos públicos de PNV y EA antes de que la llegada de un nuevo Gobierno socialista suponga el relevo de cargos de confianza. Todos los aspirantes a estas plazas son funcionarios de carrera, por lo que no quedarán en el paro, pero sí que conseguirían auparse varios peldaños en el escalafón. Este periódico intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con diferentes representantes del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco.
En la relación de aspirantes figuran políticos reconocidos como María Ángeles Iztueta -consejera de Educación hace dos legislaturas- o Gema González de Txabarri - ex parlamentaria del PNV-, así como asesores, directores de departamento y hasta viceconsejeros que, en la actualidad y hasta que se conforme el próximo Ejecutivo, ejercen sus tareas en funciones.
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